miércoles, 22 de agosto de 2018

Consulta anticorrupción, el camino fácil de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá

 
Por Aníbal Palomino 

Apelando a la desinformación la senadora enreda incautos para catapultar su aspiración de suceder a Enrique Peñalosa.

En tiempos de Reficar, Odebrecht, retrasos en el túnel de la Línea o la caída del zar anticorrupción de la Fiscalía General entre muchos otros, apelar a la bandera anticorrupción es el método más creíble que cualquier político puede utilizar para conseguir el respaldo de adeptos a través de todo el territorio colombiano.

No obstante, para poder constituirse como el faro moral de una familia, comunidad, barrio, municipio, ciudad, sociedad o país, no es suficiente aparentar ser moralmente correcto sino que es indispensable serlo, es decir hay que tener un alto grado de coherencia y autoridad moral para poder criticar a los demás.

Y es ahí cuando la exsenadora López del partido Alianza Verde empieza flaquear para promover la consulta popular porque hay varios de los puntos que ya están reglamentados y estipulados dentro del ordenamiento jurídico colombiano, además la doble moral de Claudia Nayibe es evidente y así se puede comprobar después de dar un repaso a lo que ha sido su vida pública y política.

Empecemos por recordar que cuando López fue directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal (1998-2000) fue investigada por el entonces Contralor Distrital y, posteriormente, sancionada por los entes de regulación fiscal y disciplinaria a pagar 103 millones de pesos e inhabilitada para ejercer por cinco años cargos públicos. Sin embargo, a través de magistrados amigos y tecnicismos, López salió airosa.

Sumado a esto, hay que recordar que durante su gestión como senadora de la República, Claudia Nayibe dejó de asistir varias veces a las sesiones a las cuales estaba obligada a ir: tan solo en 2016 sus ausencias le costaron al fisco 40 millones de pesos, y durante su periplo como candidata a la Vicepresidencia de la República, no renunció a su cargo como senadora, pero siguió devengando sueldo como si trabajara normalmente.  


Pero su doble moral no termina ahí: López nunca se ha referido a los casos de corrupción de sus amigas, como por ejemplo a los contratos que Natalia Springer celebró de manera irregular con la Fiscalía General o la Alcaldía de Valledupar, o el caso de Cecilia Álvarez y Gina Parodi por el tramo de la Ruta del Sol Ocaña-Gamarra y la injerencia de la multinacional brasilera Odebrecht en este conflicto de intereses de las dos exministras. 

Mientras tanto, dos miembros del partido Alianza Verde, León Freddy Muñoz y Sergio Torres (cercanos y amigos de Claudia López y Angélica Lozano) son delincuentes cuyas acciones López y Lozano pasan por alto. El primero fue detenido por posesión de estupefacientes en el Aeropuerto de Rionegro, mientras que el segundo fue acusado penalmente por abuso sexual contra un menor de edad en Bogotá.

Claudia López con Sergio Torres, procesado actualmente por abuso sexual contra un menor de 13 años en Bogotá, ex candidato al Concejo de Bogotá por el partido verde

En cuanto a la Consulta como tal, vale la pena anotar que, con la excepción de la pregunta populista sobre la disminución de salarios a congresistas y altos funcionarios del Estado, las demás preguntas con sus respectivas consecuencias ya están tipificadas en el ordenamiento jurídico colombiano. Veamos:

-    El segundo punto a aprobar en la consulta busca «obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política, de manera periódica y detallada» a pesar de que el literal j) del artículo 8 de la ley 1828 de 2017 y la resolución 002 del 26 de diciembre de 2017 del Congreso de la República ya reglamentó este tema.
   El tercer punto, relacionado con los bienes de los congresistas, pretende «establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos de intereses» a pesar de que el artículo 13 de la ley 190 de 1995 ya estipula tal requisito.
-   El cuarto punto busca limitar a tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos, Asambleas y Congreso. De nuevo las propuestas de López son inoficiosas pues si un congresista se quiere perpetuar en el poder lo puede hacer a través de un tercero o un familiar; prueba de ello es que, de los senadores que se eligieron en 2006, tan solo el 20% fue reelegido en 2014.
  El quinto punto, que plantea «obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y el Nacional, se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación», olvida que esta exigencia ya se encuentra estipulada en la ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y de los cabildos abiertos).
     El sexto punto, que guarda relación con la encarcelación para funcionarios corruptos y la terminación unilateral del contrato por parte de la entidad del Estado a la cual pertenezcan, está más que tratado en el código penal (ley 599 de 2000), principal herramienta para combatir la corrupción. Allí, delios tan delicados como el peculado en todas sus modalidades, la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, la celebración indebida de contratos y la financiación ilícita de campañas políticas cuentan con penas de 10, 15, 20 o 30 años de cárcel, o hasta de 50 para el peculado.
-   El séptimo punto busca cancelar a las empresas los contratos que hayan ganado con corrupción. De nuevo López trata de manipular a los incautos, pues la inhabilidad para funcionarios corruptos ya existe y está tipificada en el acto legislativo 01 de 2009, además de muchas más medidas que se pueden encontrar en el Estatuto Anticorrupción Administrativa – ley 190 de 1995 y Estatuto Anticorrupción – ley 1474 de 2011.

Como se observa, Claudia López no es más que una oportunista que, con mentiras y engaños, trata de vender una imagen de política diáfana y transparente, aún con precedentes de corrupción (condenas fiscales y disciplinarias, abandono reiterado de su puesto de trabajo como congresista, campaña política durante su ejercicio como congresista, etc.).

Confiamos en el buen juicio del lector para dar respuesta a la cuestión de si vale la pena que el Estado gaste 300.000 millones de pesos (producto de esa nefasta reforma tributaria que nos dejó Santos) en una consulta popular con evidentes intereses personales de quien, como Claudia López, no tiene reparos en aprovecharse del inconformismo electoral para apalancar su llegada a la Alcaldía de Bogotá.