Por Aníbal Palomino
Apelando a la desinformación la senadora enreda incautos para catapultar su aspiración de suceder a Enrique Peñalosa.
En tiempos de Reficar, Odebrecht, retrasos en el túnel de la Línea o la caída del zar anticorrupción de la Fiscalía General entre muchos otros, apelar a la bandera anticorrupción es el método más creíble que cualquier político puede utilizar para conseguir el respaldo de adeptos a través de todo el territorio colombiano.
No obstante, para poder constituirse como el faro moral de una familia, comunidad, barrio, municipio, ciudad, sociedad o país, no es
suficiente aparentar ser moralmente correcto sino que es indispensable serlo,
es decir hay que tener un alto grado de coherencia y autoridad moral para poder
criticar a los demás.
Y es ahí cuando la exsenadora López del partido Alianza Verde
empieza flaquear para promover la consulta popular porque hay varios de los
puntos que ya están reglamentados y estipulados dentro del ordenamiento
jurídico colombiano, además la doble moral de Claudia Nayibe es evidente y así
se puede comprobar después de dar un repaso a lo que ha sido su vida pública y
política.
Empecemos por recordar que cuando López fue directora del
Departamento Administrativo de Acción Comunal (1998-2000) fue investigada por
el entonces Contralor Distrital y, posteriormente, sancionada por los entes de
regulación fiscal y disciplinaria a pagar 103 millones de pesos e inhabilitada
para ejercer por cinco años cargos públicos. Sin embargo, a través de
magistrados amigos y tecnicismos, López salió airosa.
Sumado a esto, hay que recordar que durante su gestión como
senadora de la República, Claudia Nayibe dejó de asistir varias veces a las
sesiones a las cuales estaba obligada a ir: tan solo en 2016 sus ausencias le
costaron al fisco 40 millones de pesos, y durante su periplo como candidata a
la Vicepresidencia de la República, no renunció a su cargo como senadora, pero
siguió devengando sueldo como si trabajara normalmente.
Pero su doble moral no termina ahí: López nunca se ha referido a
los casos de corrupción de sus amigas, como por ejemplo a los contratos que
Natalia Springer celebró de manera irregular con la Fiscalía General o la
Alcaldía de Valledupar, o el caso de Cecilia Álvarez y Gina Parodi por el tramo
de la Ruta del Sol Ocaña-Gamarra y la injerencia de la multinacional brasilera Odebrecht
en este conflicto de intereses de las dos exministras.
Mientras tanto, dos miembros del partido Alianza Verde, León Freddy
Muñoz y Sergio Torres (cercanos y amigos de Claudia López y Angélica Lozano) son
delincuentes cuyas acciones López y Lozano pasan por alto. El primero fue
detenido por posesión de estupefacientes en el Aeropuerto de Rionegro, mientras
que el segundo fue acusado penalmente por abuso sexual contra un menor de edad
en Bogotá.
Claudia López con Sergio Torres, procesado actualmente por abuso sexual contra un menor de 13 años en Bogotá, ex candidato al Concejo de Bogotá por el partido verde
En cuanto a la Consulta como tal, vale la pena anotar que, con la excepción
de la pregunta populista sobre la disminución de salarios a congresistas y
altos funcionarios del Estado, las demás preguntas con sus respectivas
consecuencias ya están tipificadas en el ordenamiento jurídico colombiano. Veamos:
- El segundo punto a aprobar en
la consulta busca «obligar a los
congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política, de manera periódica y
detallada» a
pesar de que el literal j) del artículo 8 de la ley 1828 de 2017 y la
resolución 002 del 26 de diciembre de 2017 del Congreso de la República ya reglamentó
este tema.
- El tercer punto, relacionado
con los bienes de los congresistas, pretende «establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo,
publicar anualmente las declaraciones de bienes, renta, impuestos y conflictos
de intereses» a pesar de que el artículo 13 de la ley 190 de 1995 ya estipula
tal requisito.
- El cuarto punto busca limitar
a tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas como Concejos,
Asambleas y Congreso. De nuevo las propuestas de López son inoficiosas pues si
un congresista se quiere perpetuar en el poder lo puede hacer a través de un
tercero o un familiar; prueba de ello es que, de los senadores que se eligieron
en 2006, tan solo el 20% fue reelegido en 2014.
- El quinto punto, que plantea «obligar que el presupuesto de inversión de
Alcaldías, Gobernaciones y el Nacional, se desglose y priorice en Audiencias
Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación»,
olvida que esta exigencia ya se encuentra estipulada en la ley 152 de 1994 (Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo y de los cabildos abiertos).
- El sexto punto, que guarda
relación con la encarcelación para funcionarios corruptos y la terminación unilateral del contrato por parte de la entidad del Estado a la
cual pertenezcan, está más que tratado en el código penal (ley 599 de 2000),
principal herramienta para combatir la corrupción. Allí, delios tan delicados como
el peculado en todas sus modalidades, la concusión, el cohecho, el tráfico de
influencias, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, la celebración
indebida de contratos y la financiación ilícita de campañas políticas cuentan
con penas de 10, 15, 20 o 30 años de cárcel, o hasta de 50 para el peculado.
- El séptimo punto busca
cancelar a las empresas los contratos que hayan ganado con corrupción. De nuevo
López trata de manipular a los incautos, pues la inhabilidad para funcionarios
corruptos ya existe y está tipificada en el acto legislativo 01 de 2009, además
de muchas más medidas que se pueden encontrar en el Estatuto Anticorrupción
Administrativa – ley 190 de 1995 y Estatuto Anticorrupción – ley 1474 de 2011.
Como se observa, Claudia López no es más que una oportunista que,
con mentiras y engaños, trata de vender una imagen de política diáfana y transparente,
aún con precedentes de corrupción (condenas fiscales y disciplinarias, abandono
reiterado de su puesto de trabajo como congresista, campaña política durante su
ejercicio como congresista, etc.).
Confiamos en el buen juicio del lector para dar respuesta a la cuestión
de si vale la pena que el Estado gaste 300.000 millones de pesos (producto de
esa nefasta reforma tributaria que nos dejó Santos) en una consulta popular con
evidentes intereses personales de quien, como Claudia López, no tiene reparos
en aprovecharse del inconformismo electoral para apalancar su llegada a la
Alcaldía de Bogotá.