Consulta anticorrupción, el camino fácil de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá

 
Por Aníbal Palomino 

Apelando a la desinformación la senadora enreda incautos para catapultar su aspiración de suceder a Enrique Peñalosa.

En tiempos de Reficar, Odebrecht, retrasos en el túnel de la Línea o la caída del zar anticorrupción de la Fiscalía General entre muchos otros, apelar a la bandera anticorrupción es el método más creíble que cualquier político puede utilizar para conseguir el respaldo de adeptos a través de todo el territorio colombiano.

No obstante, para poder constituirse como el faro moral de una familia, comunidad, barrio, municipio, ciudad, sociedad o país, no es suficiente aparentar ser moralmente correcto sino que es indispensable serlo, es decir hay que tener un alto grado de coherencia y autoridad moral para poder criticar a los demás.

Y es ahí cuando la exsenadora López del partido Alianza Verde empieza flaquear para promover la consulta popular porque hay varios de los puntos que ya están reglamentados y estipulados dentro del ordenamiento jurídico colombiano, además la doble moral de Claudia Nayibe es evidente y así se puede comprobar después de dar un repaso a lo que ha sido su vida pública y política.

Empecemos por recordar que cuando López fue directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal (1998-2000) fue investigada por el entonces Contralor Distrital y, posteriormente, sancionada por los entes de regulación fiscal y disciplinaria a pagar 103 millones de pesos e inhabilitada para ejercer por cinco años cargos públicos. Sin embargo, a través de magistrados amigos y tecnicismos, López salió airosa.

Sumado a esto, hay que recordar que durante su gestión como senadora de la República, Claudia Nayibe dejó de asistir varias veces a las sesiones a las cuales estaba obligada a ir: tan solo en 2016 sus ausencias le costaron al fisco 40 millones de pesos, y durante su periplo como candidata a la Vicepresidencia de la República, no renunció a su cargo como senadora, pero siguió devengando sueldo como si trabajara normalmente.  

La ideología de género avanza en Colombia mucho más que en 2016 mientras padres de familia y colegios callan

Por Samuel Ángel

Aunque la ideología de género viene desplegando sus garras de manera acelerada en el país, muchos –ingenuamente- creen que estos asuntos solo se ven en Canadá o en Holanda sin darse cuenta que pronto tocarán las puertas de sus hogares y colegios si es que no lo han hecho ya.

En el 2014, la directora del colegio católico Gimnasio Castillo Campestre fue llevada a los tribunales y posteriormente a prisión domiciliaria por no ceder ante la espeluznante ideología de género. Antes de eso, le aplicaron una medida para que no diera declaraciones públicas, la silenciaron.

Hoy en el Ministerio del Interior está contratado como consultor un transexual, que se hace llamar Nikita Dupuis Vargas. Él da órdenes a Ministerios y a través de ellos a alcaldías y gobernaciones para implementar el decreto 762 del 7 mayo de 2018, que es la política pública LGBT, que busca articular al país entero con la ideología de género.

Esto hará, por ejemplo, que en todos los municipios, con los recursos de sus impuestos, las marchas LGBT sean patrocinadas, todos los espacios públicos sean cargados de esta tendencia y que ya ni colegios ni universidades puedan decir nada. 

La estrategia que apaciguamiento de las familias y de los colegios es absurda. Es como en las películas de acción que al enemigo se le ahoga hasta no poder reaccionar. La reacción del 2016 sentó ese precedente: el cambio de estrategia de los lobbies LGBT.

Si no hacemos algo, en nuestra sociedad ya no tendremos los valores con los que quisimos hacer crecer a nuestros hijos, sino que el Estado nos impondrá la ideología de género por todos lados, incluida la contratación.

En realidad es el cambio de una sociedad occidental construida sobre los principios  de la Iglesia Católica, fundada sobre la Tradición dejada por los apóstoles, a una construida sobre un neo-paganismo anticristiano. 

Es necesario desenmascarar lo que está ocurriendo y tomar medidas conjuntas. ¡Reaccionemos!

Los decretos del saliente gobierno Santos que imponen la ideología de género

Por Adriana Gutiérrez

Lejos de retirarse el pasado 7 de agosto, las nefastas garras del servil Nobel de Paz se han adelantado para mantener intactas sus políticas: el gobierno saliente se ha empeñado en imponer con la fuerza del Estado la ideología de género.

Y es que no es necesario vivir un régimen abiertamente comunista para sentir la potencia del totalitarismo que acalla, a fuerza de censura ideológica, toda disidencia. Decimos totalitarismo -con toda franqueza conceptual- pues se trata del desbordamiento del Estado que busca el control, vigilancia y sanción de todos los aspectos de la vida humana, incluso los más íntimos. Prueba de ello es que el todopoderoso Estado hoy se arroga la facultad de decidir qué es vida y cuál debe protegerse o eliminarse, como lo hace, por ejemplo, con el asesinato de niños en el vientre basado en el criterio de que las personas con malformaciones son desechables. Reiteramos: con esto no hablamos de Venezuela, hablamos de la realidad colombiana de hoy.

En efecto, el gobierno Santos se ha apoyado claramente en los sectores ideológicos LGBT. Por ejemplo, mediante la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 se obliga a todos los establecimientos educativos (incluso los privados) a adherirse a las políticas de educación sexual y prevención del embarazo que formule el Estado, incluyendo factores como la “diversidad de género” (artículos 21, 10 y numeral 4, artículo 5). Esto quiere decir que lo que el gobierno no logró mediante las famosas cartillas de Parody (elaboradas, entre otros, por Colombia Diversa, Parces, Sentiido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Unicef), lo impuso subrepticiamente a través de una ley denominada «anti-matoneo» («anti-bullying»), disfrazada con la supuesta intención de contribuir a la convivencia en instituciones educativas del país.

Pero no bastando ello, este año el gobierno Santos, a través del Ministerio del Interior, expidió dos decretos que buscan profundizar estas medidas de manera que se presione a la sociedad a aceptar gradualmente los cambios que naturalmente rechaza.

Libro: un movimiento católico contra la ideología de género

Por Aníbal Palomino

Se trata de un libro que de manera ágil y práctica devela los oscuros intereses que promueven la ideología de género en Colombia.

Antes de julio de 2016 muy pocas personas habían oído hablar en Colombia del término ‘ideología de género’, tal vez solo un público de avanzada edad televidente de medios católicos o académicos de derecha tenían una ligera idea de qué se trataba.

No obstante, el escándalo por las cartillas de ‘educación sexual’ promovidas por el gobierno Santos a través del Ministerio de Educación y la entonces ministra Gina Parody empezó a recorrer los medios de comunicación y las redes sociales.

Fue entonces cuando un numeroso grupo de católicos representados en religiosos, sacerdotes, asociaciones de padres de familia, grupos de oración y personas del común, liderados por diferentes grupos que se sumaron a esta causa denunciada por el Movimiento de Católicos de Colombia Solidaridad (MCCS), acudieron el 10 de agosto de 2016 a la sede del Ministerio de Educación para exigir el bloqueo de la cartilla y la renuncia de Parody.

A las pocas horas, el presidente Juan Manuel Santos salió a negar que las cartillas promovieran la ideología de género y, pocos días después, la ministra Gina Parody renunció a su cargo.

La multinacional abortista que encubre delitos sexuales contra niñas

Por Adriana Gutiérrez

El crimen del aborto no sólo atenta y elimina directamente la vida del inocente en el vientre sino que también destruye las evidencias de delitos sexuales cometidos contra mujeres vulnerables, muchas de ellas menores de edad.

Planned Parenthood, la multinacional abortista más grande del mundo (vinculada en Colombia, entre otras, a Profamilia), se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos luego de que se denunciaran graves casos de encubrimiento de abusos sexuales en diversos estados como Ohio, Colorado, Alabama, Pennsylvania, Arizona, California y Connecticut.

Recientemente, el portal LiveAction ha revelado lo que apunta a ser una política sistemática de encubrimiento y complicidad con abusadores sexuales y proxenetas por parte de la multinacional abortista.

Son múltiples las denuncias penales contra funcionarios de Planned Parenthood y directamente contra esta mega corporación por omisiones deliberadas para evitar reportar ante la Fiscalía casos sospechosos de abuso sexual entre niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de delitos sexuales y redes de tráfico, que han terminado en la revictimización incluso por años de éstas, indica el portal.